La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León hace del conocimiento que, hace unos momentos, personal de la Fiscalía Especializada Antisecuestros realizó un operativo simultáneo en las distintas sedes de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mediante el cual se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión en contra de policías en activo adscritos a dicha corporación municipal, por el delito de secuestro.
Los mandamientos de captura fueron emitidos por el Juez de Control del Estado de Nuevo León a petición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Antisecuestros con motivo de una denuncia realizada por la propia víctima.
Los hechos que dieron origen a la indagatoria ocurrieron el día 22 de julio del 2021 en el centro del municipio de San Pedro Garza García, cuando los elementos policiales ahora detenidos acudieron a un reporte por daños cometidos en un domicilio, quienes una vez ahí, en lugar de realizar su trabajo preventivo de seguridad pública, privaron ilegalmente de la libertad a la víctima y la mantuvieron cautiva por unas horas, para posteriormente entregarla a civiles armados, quienes después solicitaron a los familiares de la víctima un rescate de $2,000.000.00 (Dos Millones de Pesos M.N.), a cambio de su liberación.
Una vez que se tuvo conocimiento del secuestro, se inició la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y, con ello, se realizaron diversas actuaciones, entre las cuales, se peticionó la información contenida en las bases de datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García, misma que aportó la totalidad de la información solicitada y en todo momento mostró apertura y disposición para el esclarecimiento de los hechos.
Esta representación social reitera su compromiso de coordinación y colaboración con las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, actuando con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta conducta.
Conforme la ley, los imputados se consideran inocentes hasta que un juez los declare culpables por sentencia ejecutoriada.
