Informa Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León resultados de investigación.
A solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León, el Juez de Control decretó hoy el aseguramiento de bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Rodrigo Medina de la Cruz.
Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
Ernesto Canales Santos, Subprocurador Anticorrupción, dijo que el embargo de bienes a los ex funcionarios, es resultado de las tareas iniciadas durante el proceso de entrega-recepción con motivo del cambio de Gobierno.
“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara”, manifestó Canales.
“Nos esforzamos que nos seamos instrumento de una campaña política, menos partidista, de ahí el significado de los diferentes casos que estamos presentando que son de varios partidos, de varias autoridades estatales y municipales.
“Es lo que teníamos, la presión de parte de la ciudadanía de informar y se dieron las circunstancias con este acto de una gran significado de haber obtenido el embargo de bienes de funcionarios públicos para respaldar los daños causados al erario.
“Las actas de ese proceso, los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado y las denuncias ciudadanas realizadas a partir del inicio de la gestión del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, son la raíz de las imputaciones presentadas ante el Juez”.
Señaló que el Gobernador fue informado este mediodía del avance de la “Operación Tornado”, que responde de manera contundente y por la vía legal, a la exigencia de los nuevoleoneses de actuar en contra de la corrupción.
Canales Santos dijo que el embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León.
Expresó además, que en los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial.
En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los siguientes ex funcionarios:
• Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015
• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico
• Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas
• Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología
• Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable
• Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
• Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León
Explican modus operandi
Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo del Estado, expuso a través de un diagrama la compleja red de vínculos, modo de operación y delitos en los que están implicados los 11 funcionarios mencionados.
A su vez, Jorge Emilio Iruegas, Director en la Subprocuraduría Anticorrupción, presentó el esquema en que se desarrollará el proceso penal en contra de los ex funcionarios de la administración anterior.
En las investigaciones realizadas para la “Operación Tornado”, participan agentes ministeriales, peritos especializados y ministerios públicos de la Subprocuraduría Anticorrupción, así como funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno estatal.