Ante irregularidades en la gestión pública, la Contraloría General del Estado impone sanción de 210 millones de pesos para resarcir daño.
Por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores, la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración anterior.
Ellos son:
• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas.
• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico.
• Ramón Villagómez Guerrero, Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
La Contralora General, Nora Elia Cantú, dijo que además de la inhabilitación, a los cinco primeros funcionarios de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
Martínez Trujillo, por su parte, autorizó el pago de una obra no realizada y pagó otra sin haber sido terminada y sin reunir las características contratadas.
La sanción para el ex Director General del Sistema de Caminos impuesta por la Contraloría estatal es de 12 millones 900 mil pesos.
Cantú dijo que en las próximas semanas dictará más resoluciones en contra de otros funcionarios de la administración anterior.
Señaló que a la fecha la Contraloría ha integrado 117 casos por quejas y denuncias recibidas, así como por el resultado de auditorías, revisiones y verificaciones iniciadas a partir del cambio de Gobierno.
De los 117 casos, 42 son investigados por la Contraloría; en 28 de los casos se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y en 47 se advierte presunta responsabilidad penal, por lo que ya fueron hechas las denuncias a la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción.
La Contralora dijo que la mayoría de los 42 casos investigados tienen relación con un proyecto especial para auditar la obra pública del sexenio anterior.
Gracias a esa auditoría han encontrado contratos con irregularidades, como falta total o parcial de comprobantes de pagos, facturación duplicada, facturas que no corresponden a las estimaciones, pagos adicionales sin soporte y pagos y/o anticipos de obras no realizadas.
A raíz de estos hallazgos han actuado para deslindar responsabilidades administrativas y penales por el presunto delito de destrucción y sustracción de información que debió ser conservada por los funcionarios responsables.
Cantú dijo que de manera simultánea la Contraloría ejecutará las acciones conducentes para recuperar montos a diversas empresas constructoras por anticipos no amortizados, pagos duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas.
En una primera etapa, esta recuperación asciende aproximadamente a 28 millones de pesos.
Existen 16 casos en investigación donde se advierte presunta responsabilidad administrativa cometida por funcionarios públicos de estas y otras dependencias:
• Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.
• Secretaría General de Gobierno.
• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
• Secretaría de Desarrollo Económico.
• Secretaría del Trabajo.
La Contraloría informará a la comunidad el resultado de las investigaciones y de las acciones emprendidas.