Tras la revelación de la triangulación y dispersión de recursos públicos del Gobierno
del Estado de Nuevo León, el Congreso del Estado, exhortó a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Fiscalía
General de la República y a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para dar
trámite legal a estas anomalías detectadas por la Auditoria Superior de la Federación.
La diputada del Partido Acción Nacional, Claudia Caballero Chávez destacó que de
acuerdo con la ASF, las transferencias millonarias llegaron al despacho jurídico de
familiares del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, lo que hace necesario
conocer el origen, y el destino de los recursos involucrados, y así mismo aclarar si
hubo alguna consecuencia a la hacienda pública.
“De acuerdo con la información presentada por la Auditoría, se identificaron
transferencias millonarias a diversas empresas proveedoras, constructoras y
prestadoras de servicios, cuyos recursos posteriormente habrían circulado entre
distintas personas morales hasta llegar a un despacho jurídico relacionado con
familiares de servidores públicos.
“El esquema presentado por la Auditoría Superior de la Federación expone
operaciones que involucran aproximadamente siete mil 212 millones de pesos, lo que
hace indispensable conocer con claridad el origen, la trazabilidad y el destino final de
los recursos involucrados, así como determinar si existió alguna afectación a la
Hacienda Pública”, mencionó Caballero Chávez.
Con el desvió de estos recursos, se pudo avanzar en obras públicas que se han
suspendido o siguen en avance lento bajo el argumento que no hay dinero para
continuarlas.
“Para dimensionar el impacto, de los siete mil 212 millones de pesos involucrados en
la red de triangulación, con esto alcanzaría para construir cerca de seis kilómetros
completos de línea del Metro; en términos de infraestructura, este dinero habría
alcanzado para financiar prácticamente toda la Línea cuatro del Metro, que contempla
un trazado de 7.5 kilómetros, o bien para ejecutar más de la mitad de la proyectada
Línea cinco del Metro, estimada entre 7.5 y 11 kilómetros.
“Mientras el Gobierno del Estado alega falta de recursos frente a las necesidades del
Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia que requieren más de 13 mil millones
de pesos para operar, o frente a los requerimientos de los organismos electorales
para la elección de 2027, el dinero devuelto a los despachos privados, tan solo el diez
por ciento de este monto, unos 728 millones de pesos bastaría para financiar
prácticamente el 90% por ciento de todo el costo del proceso electoral en Nuevo
León”, aseguró Caballero Chávez.
La ciudadanía de Nuevo León tiene derecho a conocer cómo se administran los
recursos públicos y, sobre todo, a tener certeza de que cualquier irregularidad
detectada sea investigada hasta sus últimas consecuencias, concluyó la diputada
Caballero Chávez.
