Ante el anuncio que hizo el gobernador, Samuel Alejandro García Sepúlveda, que
las empresas que realicen aportaciones voluntarias para financiar proyectos
estatales, como ocurrió con obras con motivo del mundial de la FIFA, no serán
molestadas por inspectores estatales, la Diputación Permanente del Congreso del
Estado exigió una aclaración.
Claudia Caballero Chávez, diputada del Partido Acción Nacional, cuestionó que
desde cuándo el cumplimiento de la ley y la protección frente a posibles abusos de
la autoridad se convirtió en un beneficio que puede obtenerse a cambio de una
aportación económica.
“El gobernador del partido de los moches, perdón, de MC, me confundo porque no
es la primera vez que en ese partido piden moche y lo intentan disfrazar, ha
anunciado formalmente que aquellas empresas que aporten cientos de millones
de “¿Y en qué consiste este trato preferencial? en una garantía explícita de que no
serán molestados, inspeccionados, auditados, ni clausurados por ninguna
dependencia estatal: ni por el SAT estatal, ni por Medio Ambiente, ni por
inspecciones laborales, ni por Fuerza Civil esos al Estado recibirán un certificado o
llave o trato preferencial”, destacó Caballero Chávez.
Refirió a que en el programa Cero Clausuras implementado, a través de la
Secretaría de Economía, se recaudaron 350 millones de pesos de aportaciones
empresariales destinados a proyectos de infraestructura y de imagen urbana, con
motivo del mundial y ahora se pretende reunir alrededor de 500 millones de pesos.
Lo más alarmante, destacó la diputada del PAN; no es solo el mecanismo, sino el
mensaje que este envía a quienes todos los días cumplen con sus obligaciones:
que existe un camino para obtener un trato preferencial frente a la autoridad
mediante una aportación económica.
Ante esta circunstancia la Diputación Permanente exhortó al gobernador del
estado informar sobre el monto recaudado y empresas aportantes en el programa,
Ponte Nuevo, Ponte Mundial y los criterios que se usan en el programa Cero
Clausuras y los beneficiados.
Además se solicitó acreditar la legalidad, destino de los recursos recaudados y
establecer los mecanismos de trasparencia en su uso.
