Ante la falta de entrega de recursos a organizaciones civiles, la Diputación
Permanente del Congreso del Estado, exhortó al gobernador del estado, Samuel
Alejandro García Sepúlveda, a que de manera inmediata realice las aportaciones
a fin de evitar la suspensión de programas que benefician a miles de personas en
Nuevo León.
La propuesta, que fue presentada por la presidenta de la mesa directiva, Itzel
Castillo Almanza, solicita asimismo se informe al Poder Legislativo el motivo por el
cual cerca de 140 organizaciones no han recibido las aportaciones que les debe
de asignar el gobierno del estado.
“Las organizaciones de la sociedad civil realizan diariamente una labor que, en
muchos casos, el propio gobierno no alcanza a cubrir; son estas quienes
sostienen refugios, centros de atención, comedores, programas de rehabilitación,
apoyo psicológico, asistencia a personas con discapacidad, personas adultas
mayores, niñas, niños y adolescentes, llegando a donde muchas veces las
instituciones públicas no llegan.
“Recientemente, la Secretaría de Igualdad e Inclusión notificó a diversas
organizaciones de la sociedad civil un oficio mediante el cual se les requiere
presentar documentación en un plazo de quince días hábiles, a pesar de que las
propias organizaciones, ya había realizado la carga de la información en la
plataforma digital habilitada para tal efecto”.
Este hecho, destacó Castillo Almanza, refleja una preocupante falta de
coordinación administrativa y pone en evidencia posibles deficiencias en los
mecanismos de control interno de la Secretaría de Igualdad.
De acuerdo con la información proporcionada por las organizaciones afectadas,
señaló la también diputada del PAN, existe un adeudo superior a 317.5 millones
de pesos correspondiente a los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
“Esto compromete su capacidad financiera y pone en riesgo la continuidad de
programas y servicios dirigidos a niñas, niños, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, mujeres, personas en situación de pobreza y otros
grupos prioritarios
“Lejos de reconocer esa labor, el Gobierno ha optado por retrasar
injustificadamente la ministración de recursos, poniendo en riesgo la continuidad
de programas que benefician diariamente a miles de personas”.

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