Durante el 2020 las personas con discapacidad se enfocaron a cumplir con las medidas sanitarias para prevenir el virus SARS-CoV2, por lo que además del confinamiento en los hogares, se suspendieron las actividades presenciales en los centros públicos y los espacios de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), donde recibían terapias de rehabilitación.
Ante este panorama la diputada del PRI, Rosa Elia Morales Tijerina, presentó un Punto de Acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Gobierno federal a fin de que, a través de la Secretaría de Salud, se garantice la reanudación de los servicios en estos importantes centros, para facilitar que las personas con discapacidad alcancen un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.
La legisladora de Nuevo León, expuso que si bien se implementaron estrategias digitales, como videos en los cuales los terapistas explicaban la manera de realizar los trabajos de terapia, no toda la población con discapacidad pudo acceder a los contenidos, ya que en algunas zonas no cuentan con los recursos necesarios para tener una conexión de internet o no tienen un equipo de cómputo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mediante el documento “COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina”, señala que, “en cuanto a la continuidad de tratamientos médicos y procesos de rehabilitación, que preocuparon y aún preocupan globalmente a toda la población, entre las personas con discapacidad resulta claro que existe una percepción negativa con relación al acceso a estos. Más del 70 por ciento de los consultados valoró negativamente el acceso a consultas y atención a la salud”.
Morales Tijerina precisó que en nuestro país la autoridad federal de Salud ha reportado que en el semáforo epidemiológico ya hay entidades en color verde o amarillo, con lo cual comenzaron a reactivarse diferentes actividades presenciales, por lo que es necesario que los centros públicos y de las OSC regresen a las actividades presenciales, aplicando todos los protocolos y medidas sanitarias.
“Para garantizar que las personas que viven con algún tipo de discapacidad no se queden atrás, se requiere un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos. Tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la Agenda 2030 instan a que se coloque a las personas con discapacidad en el centro de los esfuerzos, como agentes de planificación y ejecución”, finalizó.