Luego de que no se realizan sesiones porque él no quiere, un punto de acuerdo para exhortar al vocal de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAI), Juan de Dios Villarreal González para que se apruebe el orden del día en las reuniones de trabajo de este organismo independiente acordó el Congreso del Estado.
La presidenta de la Diputación Permanente leyó el punto de acuerdo aprobado por los miembros de esta comisión, luego de que en la CTAI hace alrededor de un mes que no se realizan sesiones de trabajo, ya que actualmente cuenta sólo con dos comisionados, y uno de ellos, Villarreal González, se niega a aprobar el orden del día, y por ser el 50 por ciento de los comisionados, no se puede realizarse ninguna sesión.
Sin embargo, cabe destacar que la CTAI debe de contar con cuatro miembros, no con dos, sin embargo, éstos deben ser nombrados precisamente por el Congreso del Estado, y no ha sucedido, luego de que este es uno de los más de mil casos en rezago de la presente legislatura.
“Dicha comisión se integra por cuatro comisionados; tres de ellos con carácter de propietarios, que en el pleno será el órgano supremo de la misma, y un supernumerario que suplirá las ausencias de aquellos.
“Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre los grupos legislativos de este Congreso, el organismo funciona únicamente con dos integrantes; su presidente, Sergio Mares Morán, y uno de los vocales, el ciudadano, Juan de Dios Villarreal González. En estas condiciones, si no existe acuerdo entre dos integrantes, los asuntos que competen a la comisión, no se pueden resolver, esto es lo que ha estado sucediendo con el comisionado vocal antes mencionado, quien sin causa justificada se niega a la aprobación del orden del día de las sesiones programadas”, dijo.
Expresó que esta postura la reiteró en las cuatro sesiones ordinarias de mayo, y al no haber reuniones, se acumulan los expedientes y recursos de inconformidad presentados por ciudadanos.
La diputada dijo que el derecho a la información es un pilar del estado de derecho, y que no puede haber vigencia del estado de derecho, sin derecho a la información, ya que a su vez eso garantiza la libertad de pensamiento.
Por tanto, sin derecho a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública.