-alerta contra delitos comunes
El candidato del PRD a la gubernatura, Humberto González Sesma consideró pertinente que las autoridades de Nuevo León vuelvan a solicitar el apoyo federal para evitar que el “incendio” de la criminalidad que afecta a la mitad del país se propague a la región.
Lo anterior afirmó en el acto conmemorativo del 26 aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática, en la sede del comité estatal que preside Aníbal Garza quien informó que el PRD sigue impulsando a nivel nacional la instauración de aumentos graduales al Salario Mínimo en beneficio de la economía de las familias del país hasta llegar el año 2018 a un nivel de los ocho mil pesos mensuales como percepción de los trabajadores de menores ingresos.
González Sesma afirmó que además la población de Nuevo León padece los embates de los delincuentes del fuero común, que son competencia de las policías locales como el robo a casa habitación, de vehículos, así como asaltos a personas: estudiantes, trabajadores y amas de casa.
Los delincuentes se sienten libres para cometer sus crímenes, señaló González Sesma al demandar que las autoridades responsables de proteger a las personas y su patrimonio instalen más equipos tecnológicos para que estén en posibilidad de dar respuestas inmediatas a llamados de auxilio de los ciudadanos, y para prevenir y detectar los actos criminales que a diario se registran.
En la misma sesión, el dirigente del PRD informó que es viable el otorgamiento de sucesivos incrementos en el tiempo para sacar de la postración socio económica a 7 millones de trabajadores que sobreviven con el ingreso equivalente a un salario mínimo diario.
Hoy en día, dijo Aníbal Garza, en el hogar de una familia de cuatro integrantes se requiere de un ingreso de por lo menos 2 salarios mínimos y medio para satisfacer las necesidades de alimentación y 5.2 salarios para cubrir gastos de transporte, vivienda y educación.
En otros temas, el PRD se propone la formulación de iniciativas progresistas contra la discriminación en el estado de Nuevo León considerada la entidad con el mayor registro de actos discriminatorios contra las personas por distintas causas, desde su origen hasta la forma de vestir o sus preferencias sexuales.