Integrantes de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes responsabilizó al Gobierno Estatal de mantener en riesgo la paz laboral en Nuevo León.
Lo anterior al señalar que el Gobierno del Estado no ha tomado cartas en el asunto referente a la toma de las instalaciones de algunos sindicatos de manera ilícita, toda vez que se hicieron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia.
En conferencia de prensa en un hotel del centro de Monterrey, el Secretario General de la FNSI, Manuel Aguilar Goytia, mencionó que es preocupante la situación que viven ante el despojo de varios inmuebles por un grupo de usurpadores.
Ante ello dijo que a un mes de pasadas las elecciones no es posible que las autoridades que encabeza Rodrigo Medina de la Cruz no hayan echo algo al respecto, pues han hecho caso omiso a sus denuncias.
“A partir de este momento, si no se resuelve nuestra situación hacemos responsables a las autoridades involucradas: el Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz; el Secretario General de Gobierno, Felipe González Alanís; y el Secretario del Trabajo, Alejandro Javier Torre Martínez de cualquier daño que nuestros agremiados puedan sufrir a manos del grupo usurpador, y exigimos que liberen nuestras instalaciones de inmediato y regresen la certidumbre a los trabajadores y la estabilidad laboral al Estado”, subrayó.
Aguilar Goytia recor5dó que el pasado jueves 2 de Julio integrantes de la FNSI fueron agredidos por un grupo de choque que dirige Antonio Tapia Martínez, ex empleado de la misma Federación, y quien encabeza a este grupo usurpador.
Manifestó que es una situación de la que tiene pleno conocimiento el Gobierno que encabeza Rodrigo Medina, por lo que se le hace extraño que no hayan actuado conforme a derecho ante la denuncia ya presentada.
“Esta inacción de las autoridades estatales genera un clima de confusión en las empresas y en los trabajadores que acuden a nuestras instalaciones tomadas ilegalmente”, dijo.
Por lo pronto señaló que seguirán con el dedo en el renglón para actuar legal y penalmente hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto.