Ante el riesgo de que teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos sean
utilizados para intentar comprobar el sentido del voto en la próxima contienda
electoral, el Diputado local del PRI, Héctor Morales Rivera, exhortó al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a el Instituto Nacional Electoral
para que implementen acciones orientadas a prevenir el uso indebido de estos
dispositivos.
El Diputado señaló que el ofrecimiento de dinero, la entrega de beneficios o las
amenazas para favorecer una opción política son prácticas que vulneran la libertad
de decisión de las personas y advirtió que fotografiar una boleta electoral puede
facilitar intentos de vigilancia o presión por parte de terceros.
“El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos puede facilitar estas
prácticas, pues una fotografía de la boleta electoral puede servir como prueba de
que una persona votó por determinada opción política”, expuso.
“Sin embargo, las sanciones legales no son suficientes por sí solas. También
debemos actuar con anticipación, fortaleciendo la información que recibe la
ciudadanía para que pueda identificar estas conductas y sepa cómo responder
ante cualquier intento de coacción electoral”, manifestó.
Morales Rivera recordó que el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales contempla sanciones para diversas conductas relacionadas con la
compra y coacción electoral, incluidas las vinculadas con solicitar u ordenar
evidencia del sentido del voto.
“Nuestra democracia merece elecciones en las que cada persona pueda decidir
sin miedo, sin compromisos impuestos y sin tener que demostrar a nadie por quién
votó. Que la ciudadanía tenga esa certeza es una responsabilidad que debemos
asumir desde ahora. Porque el futuro de Nuevo León debe construirse con
decisiones libres, tomadas en las urnas y respetadas por todos”, remarcó.
“Desde el GLPRI queremos contribuir a que las próximas elecciones se
desarrollen con mayores garantías para la ciudadanía, mediante acciones
responsables que fortalezcan la confianza en nuestras instituciones electorales”,
aseveró.
Sostuvo que la aplicación de la ley debe complementarse con estrategias de
prevención y difusión que permitan a la población reconocer posibles
irregularidades y saber dónde denunciarlas.