El Grupo Legislativo del Partido del Trabajo presentó una Iniciativa de Reforma al Reglamento Interior del Congreso del Estado, en la que se propone derogar el artículo 46, con el objetivo de que las iniciativas ciudadanas no caduquen, obligando al Congreso a resolverlas.
“Tenemos el antecedente de que en alguna Legislatura anterior se tomó este acuerdo para que las cifras o estadísticas no se vieran tan cargadas, pero creemos que es un problema que se debe resolver trabajando más en beneficio del ciudadano y no simplemente borrándolo”, explicó el diputado Asael Sepúlveda.
El artículo 46 establece que las Iniciativas Ciudadanas que no sean resueltas en el plazo de un año, en automático se desecha o caducan. La diputada María Guadalupe Rodríguez, consideró que además se debe apoyar a los ciudadanos con un departamento a cargo del Centro de Estudios Legislativos para que estén bien soportadas sus iniciativas, ya que algunas de éstas se desechan por inconsistencias jurídicas.
En nuestro grupo legislativo consideramos que el derecho constitucional a que tenemos los representantes populares y los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, no puede irse al bote de la caducidad por el solo transcurso del tiempo.
Para ello, debemos contribuir a la constitución de una institución sólida, garante del debate y la representación ciudadana, al mismo tiempo debemos trabajar con un nivel óptimo en la producción y articulación de las normas reguladoras del Estado, pero, sobre todo, reivindicar que este Poder Legislativo es un órgano con autoridad moral suficiente que transmita confianza y credibilidad a los ciudadanos.
Las comisiones de dictamen legislativo en nuestra perspectiva, son el eje fundamental de la actividad parlamentaria que tienen entre sus funciones el estudio, análisis y redacción de la legislación en nuestro Estado, todo con el fin de que éste Pleno cumpla con sus facultades constitucionales.
En este sentido, reivindicar las facultades de este Congreso para que asuma el peso que le corresponde en la balanza entre los poderes del Estado, solo se puede realizar si se cumplen a cabalidad nuestras responsabilidades y funcionamiento conforme lo mandata la Constitución Política del Estado.
“Tenemos el antecedente de que en alguna Legislatura anterior se tomó este acuerdo para que las cifras o estadísticas no se vieran tan cargadas, pero creemos que es un problema que se debe resolver trabajando más en beneficio del ciudadano y no simplemente borrándolo”, explicó el diputado Asael Sepúlveda.
El artículo 46 establece que las Iniciativas Ciudadanas que no sean resueltas en el plazo de un año, en automático se desecha o caducan. La diputada María Guadalupe Rodríguez, consideró que además se debe apoyar a los ciudadanos con un departamento a cargo del Centro de Estudios Legislativos para que estén bien soportadas sus iniciativas, ya que algunas de éstas se desechan por inconsistencias jurídicas.
En nuestro grupo legislativo consideramos que el derecho constitucional a que tenemos los representantes populares y los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, no puede irse al bote de la caducidad por el solo transcurso del tiempo.
Para ello, debemos contribuir a la constitución de una institución sólida, garante del debate y la representación ciudadana, al mismo tiempo debemos trabajar con un nivel óptimo en la producción y articulación de las normas reguladoras del Estado, pero, sobre todo, reivindicar que este Poder Legislativo es un órgano con autoridad moral suficiente que transmita confianza y credibilidad a los ciudadanos.
Las comisiones de dictamen legislativo en nuestra perspectiva, son el eje fundamental de la actividad parlamentaria que tienen entre sus funciones el estudio, análisis y redacción de la legislación en nuestro Estado, todo con el fin de que éste Pleno cumpla con sus facultades constitucionales.
En este sentido, reivindicar las facultades de este Congreso para que asuma el peso que le corresponde en la balanza entre los poderes del Estado, solo se puede realizar si se cumplen a cabalidad nuestras responsabilidades y funcionamiento conforme lo mandata la Constitución Política del Estado.