Con una huelga de hambre y un plantón de protesta pacifico, decenas de habitantes del municipio de Hidalgo exigen que el Congreso interceda ante el Gobierno de Nuevo León, en la regularización de sus terrenos y viviendas.
Los hidalguenses tienen más de 50 años reclamando la regularización de sus propiedades, que pasarian si se regularizan, de ejido a vivienda o terreno urbano, lo cual les daría certeza jurídica a más de ocho mil familias.
Sin embargo, estos huelgistas no sólo afrontan el riesgo de ser desalojados de sus viviendas, sino las crecientes amenazas y agresiones fisicas y a balazos de grupos que quieren apropiarse de más de ocho mil hectáreas de terreno.
Con más de 70 años de edad, todos vividos en Hidalgo en la colonia llamada Revolución Javier Mina, doña María del Rosario Lobo Covarrubias dice que recientemente su casa fue balaceada, y afortunadamente sus nietos salieron ilesos, pero el miedo a nuevas agresiones es constante.
“No tenemos papeles de propiedad ni nada y nos quieren sacar sí toda la vida hemos estado ahí”, señala al pedir el apoyo de los diputados para resolver su situación María de La Paz Juárez, otra hidalguense de 72 años, se sumó al plantón que se halla en los accesos al Congreso local, ubicado en las calles de Mariano Matamoros e Ignacio Zaragoza, en el centro de Monterrey y a menos de 900 metros de donde despacha el gobernador Jaime Rodríguez, en Palacio de Gobierno.
Juárez no viene sola: la acompañan sus hijos y nietos, quienes juntos a las familias de sus vecinos, dicen que estaran en la sede legislativa de manera permanente hasta que les resuelvan favorablemente la legalización del terreno donde viven.
“Sólo les pedimos que nos hagan justicia, que nos resuelvan lo que no han hecho en años, tenemos derecho a vivir en paz”, manifestó doña María de la Paz Juárez, quien dicen haber sido atacada en su casa en más de cinco ocasiones, unas a pedradas y otros a balazos.
El mismo reclamo, el de que se les haga justicia con el reconocimiento legal de la propiedad de sus casas y terrenos presentan Estefana Ruelas Martínez de 86 años, tesorera del comisariado ejidal y el presidente del mismo, Luciano Flores Dimas, de 79 años, quienes en los últimos 25 años han luchado en juzgados federales y estatales, han recorrido oficinas gubernamentales en la búsqueda de una solución a sus demandas.
Aníbal Garza, representante legal y social de los demandantes, señaló que se mantendran en protesta pacifica en el Congreso, hasta que los diputados envìen el exhorto al Gobierno estatal, para que este inicie el proceso de regularización de los terrenos.
Añadió que el presidente del Poder Legislativo, el panista Juan Carlos Ruiz se comprometió a presentar en el pleno la solicitud de los hidalguenses, a fin de que su situación legal y social ya se resuelva.
Garza sentenció que los ejidatarios y ciudadanos no se moverán de su lugar de protesta, ni levantaran la huelga de hambre que varios de ellos iniciaron este domingo, hasta tener una respuesta favorable a sus demandas.