Al interponer un recurso de queja contra la suspensión de amparo que concedió un Juez de Distrito contra el alza a las tarifas del transporte público y contra otro nuevo paro del servicio de transporte, el Gobierno del Estado busca que no se proteja en sus derechos a todos los usuarios del transporte, señaló el presidente de PRI de Nuevo León, Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El recurso de queja en mención señala que la protección de la justicia federal solo se aplique a las personas que promovieron el amparo y no a la población en general.
Al respecto, Pedro Pablo Treviño, criticó la acción de la administración que encabeza el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, afirmando que no busca proteger la economía de la ciudadanía.
“El Gobierno del Estado interpuso una queja ante el amparo que nosotros ganamos, con la suspensión que nos otorgó un Juez de Distrito con dos temas en particular; el primer tema que nos amparó la justicia federal es que las taifas sigan las actuales, las vigentes, las autorizadas, que no se puede subir la tarifa del transporte público como lo pretende hacer el Gobierno del Estado; y el segundo tema, es que obliga también a la autoridad estatal a que no se suspenda el servicio del transporte público”, aseveró.
Treviño Villarreal enfatizó que la autoridad estatal quiere a toda costa que no se beneficie a toda la población con el amparo lo cual lo calificó como inadmisible.
“Presentan una queja que les admiten para su revisión, pidiendo, fíjense nada más la gravedad, aceptando que está bien planteado el tema de nuestro amparo y del apoyo que da la autoridad federal de proteger estos dos temas, y lo que solicitan es que solo se le apoye a estas dos personas, los dos priistas que interpusieron este amparo y que no se le respeten estos derechos a toda la demás población”, manifestó.
Recordó que fue el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León el que concedió la suspensión relativa al juicio de amparo número 582/2019. Dijo que con este recurso de queja, lo que pretende el gobierno es que se revoque dicha medida suspensional y que los transportistas realicen paro o suspensión del servicio de transporte público, así como que no se cobren las tarifas legales (autorizadas desde el 2013) y en consecuencia decretar el alza las tarifas.