Preocupación por el nombramiento de Maribel Concepción Méndez de Lara en el Comité de Evaluación del Congreso.
Ciudad de México, noviembre de 2024. Diversos sectores de la ciudadanía, entre los que se encuentran campesinos de Veracruz, Nuevo León, Baja California, Yucatán, y otras partes del país, han manifestado su preocupación y temor ante el reciente nombramiento de Maribel Concepción Méndez de Lara como integrante del Comité de Evaluación del Congreso de la Unión, encargado de la selección de candidatos para cargos en el Poder Judicial Federal. Señalan que este nombramiento pone en riesgo los principios de justicia y honestidad promovidos por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), debido a los antecedentes de Méndez de Lara en el ámbito agrario, donde se le relaciona con prácticas corruptas y acciones contrarias a los intereses de los campesinos.
La trayectoria de Méndez de Lara ha sido cuestionada desde su designación en 2012 como presidenta del Tribunal Superior Agrario durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Según las denuncias, su nombramiento no obedeció a méritos como jurista, sino a su lealtad política hacia grupos del PRIAN y aliados internos que, desde entonces, han mantenido el control de los tribunales agrarios. Durante su gestión, se ha señalado su intervención para imponer magistrados afines a estos intereses, lo que ha derivado en resoluciones perjudiciales para los ejidos y comunidades agrarias.
Entre las acusaciones destacan los casos de Claudia Dinorah Velázquez González, quien presuntamente ocupa ilegalmente la presidencia del Tribunal Superior Agrario, y del magistrado Alberto Pérez Gasca, ratificado mediante procedimientos cuestionables a pesar de denuncias por actuaciones indebidas. Estas decisiones han sido interpretadas como parte de un entramado político que busca perpetuar prácticas neoliberales contrarias a los principios de la 4T, beneficiando a grandes capitales y grupos económicos en detrimento del desarrollo del campo mexicano.
También se señala que, desde su paso por la Procuraduría Agraria en el año 2000, Méndez de Lara traicionó la confianza de los campesinos al presuntamente vender el padrón ejidal a campañas políticas de Vicente Fox y Felipe Calderón, utilizando el miedo y el amedrentamiento como herramientas de control. Estas acciones le permitieron ascender a posiciones estratégicas en el sistema judicial agrario, donde, según denuncias, ha favorecido intereses económicos y políticos ajenos al bienestar campesino.
Ante esta situación, los denunciantes han hecho un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar este nombramiento y garantizar que los integrantes del Comité de Evaluación actúen bajo los principios de justicia y honestidad. En palabras de los ciudadanos inconformes, “no se puede permitir que quienes han operado contra los intereses del pueblo y del movimiento de la 4T sean quienes seleccionen a los juzgadores del futuro”. Confían en que la presidenta Sheinbaum mantendrá su compromiso con el pueblo y actuará para proteger los derechos de los sectores más vulnerables.