A fin de generar estrategias en materia de archivos y gestión documental, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León suscribieron un convenio de colaboración.

“Nos estamos comprometiendo a generar e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional para la ejecución y promoción de programas, proyectos y actividades, intercambio de experiencias y prácticas exitosas, capacitación, asesoramiento, investigación y difusión en materia de archivos y gestión documental”, dijo Bernardo Sierra Gómez, Comisionados Presidente de COTAI.

“Se trata de un tema por demás transcendental, que, en conjunto con la transparencia y la protección de datos personales, viene a consolidar y fortalecer nuestro sistema democrático y de rendición de cuentas”.

Participaron en el evento, Francisco Javier Mendoza Torres, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

Así como, los integrantes del Consejo de la Judicatura, José Antonio Gutiérrez Flores, Pedro Cisneros Santillán, Juan Morales Alcántara y Juan Pablo Raigosa Treviño.

También fue testigo de la firma del convenio, Josefina Román Vergara, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Además, participó Aldrin Martín Briceño Conrado, Comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Yucatán (INAIP) y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia.

Por parte de la COTAI asistieron las y el Comisionado Vocal, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández y Francisco Guajardo Martínez.

En su mensaje, Sierra Gómez explicó que el actual convenio específico de colaboración deriva de uno general celebrado entre ambas partes del año 2014.

“En la administración pública, los archivos son esenciales para garantizar una gestión eficaz, responsable y transparente; para proteger los derechos de los ciudadanos; asegurar la memoria individual y colectiva; así como para comprender el pasado, documentar el presente para preparar el futuro”, destacó.

“La responsabilidad de las autoridades gubernamentales estriba precisamente en crear la normatividad necesaria y políticas públicas en esta materia, que garanticen una gestión documental eficaz, buscando que tanto la documentación como su consulta se realicen de manera accesible”

El Comisionado Presidente mencionó que el carecer de una gestión documental acertada no sería factible cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Creemos que es indispensable fortalecer entre las autoridades de todos los niveles de gobierno y la población en general, la cultura de la gestión documental, lo que deberá significar un cambio trascendental en la forma de considerar a los archivos y la conversación de los mismos”, explicó. 

“Esto implica que como sujetos obligados de la Ley General de Archivos y la correlativa del Estado, debemos garantizar la máxima publicidad de nuestras funciones, facultades y competencias, teniendo como eje central el ejercicio ciudadano del derecho de acceso a la información”.

Sierra Gómez agradeció a Mendoza Torres y a los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, que se apoya y respalda con un moderno, eficaz, eficiente y ejemplar sistema institucional de gestión documental y archivos que ha logrado consolidar el Poder Judicial del Estado.