El Presidente de la República cometió un acto ilegal con consecuencias sancionatorias, al difundir propaganda gubernamental para influir en la jornada electoral en curso, por lo que es obligación del Poder Legislativo hacer un exhorto, a fin de que cumpla con el modelo de comunicación vigente y se abstenga de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León o de cualquier otra entidad federativa.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRI y ante la Comisión Permanente del Congreso del Unión, la diputada Claudia Pastor Badilla, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar que el titular del Ejecutivo Federal respete la Constitución y se apegue a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad de cara a la próxima jornada electoral.
“Si ustedes en la mayoría consideran aceptable que ahora las autoridades puedan intervenir abiertamente y utilicen la estructura del Estado para influir en las elecciones, discutámoslo, utilicemos los causes legales para reformar la Constitución. Mientras eso no suceda, las normas constitucionales que limitan la actuación de los servidores públicos de los Tres Poderes siguen vigentes y son obligatorias, por lo que deben ser acatadas por todos, incluido el Presidente”, precisó
La legisladora insistió que el actual modelo de comunicación política es puntual, por lo que ninguna persona física o moral puede contratar propaganda electoral en radio y televisión, tampoco está permitido realizar expresiones que calumnien a otras personas, ni transmitir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales.
A pesar de ello, el Ejecutivo Federal la semana pasada y ayer, incluyó en su discurso descalificaciones y “denuncias” en contra de nuestro candidato a gobernador en Nuevo León, Adrián de la Garza, lo que motivó que el pasado 10 de mayo, “la Fiscalía General de la República, con una celeridad inigualable, abriera carpetas de investigación; es decir, en un claro desacato al modelo de comunicación política vigente, el titular del Ejecutivo fija posiciones en pleno proceso electoral contra un candidato, quien por cierto, encabeza las preferencias electorales en Nuevo León”, puntualizó Pastor Badilla.
Expuso que en esta escalada de atropellos han pedido para el candidato prisión preventiva oficiosa desde la FEPADE, y no hay ningún indicio de la compra de votos que se le imputa.
La ley, explicó, está de su lado, sólo se trata de una propuesta de campaña de atención a las mujeres en su entidad, se imprimió en un cartón el reconocimiento a su trabajo no remunerado, pero esto no constituye ni un medio electrónico, porque no tiene chip, ni cinta magnética, y por tanto no permite suponer que puede recibirse dinero a través de ese cartón.
Recordó que de acuerdo con diversos medios periodísticos, desde que inició el proceso electoral federal, el 20 de abril de este año, el Instituto Nacional Electoral ha recibido al menos 13 quejas en contra de los contenidos de las mañaneras, debido a sus constantes pronunciamientos político-electorales.
Esto ha motivado, al menos en dos ocasiones, la emisión de medidas cautelares, con el objeto de ordenar al titular del Ejecutivo se abstenga de difundir propaganda gubernamental en periodo electoral, y por ende, tratar de influir en los procesos.
Por lo que refrendó: el GPPRI demanda cumplir con la Constitución y ello incluye al Presidente de la República.