Con el fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las partes en situación vulnerable, el Grupo Legislativo del PRI, a través del Diputado Marco Decanini, presentó iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública.
Al presentar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso local, el Diputado priísta explicó que se trata de modificaciones al artículo 39 para que agregue un artículo 39 Bis y un nuevo capítulo seis “De la Designación de los Defensores” con los artículos 47, 48, 49 y 50.
Decanini puntualizó que suele haber casos en que ambas partes, la acusadora y la demandada, están en situación vulnerable y requieren de los servicios de la defensoría pública, pero la Ley de Defensoría no lo permite, ya que sólo admite representar a una de ellas, bajo la premisa de que habría conflicto de interés.
“Proponemos cambios a un sistema que turnen los asuntos a diferentes defensores para que se pueda solucionar el problema de conflicto de intereses y así garantizar el acceso a la defensa adecuada para los que necesiten de los servicios, pues éste es un derecho humano protegido por nuestra Constitución”, manifestó el Diputado local.
“Si el solicitante fuese la contraparte en un asunto cuya representación se encuentre a cargo del Instituto, se deberá informar a la Unidad especializada de turnar los asuntos de la Dirección Administrativa a efecto de asegurarse de que el servicio de defensoría prestado sea necesariamente por otro Defensor Público”, agregó.
Decanini destacó que, entre los beneficios de la iniciativa, también se abriría la posibilidad de que se puedan entablar convenios de colaboración con colegios de abogados para atender la demanda de servicios.
“Se permite que la contraparte pueda acceder a los servicios del Instituto de Defensoría, por regla general, y se crea un capítulo de la designación de los defensores para que, a través de la Dirección Administrativa, ésta designe los asuntos a defensores diferentes, en el caso que la actora y la demandada requieran los servicios del Instituto”, propuso.
“Se busca dotar del equipo necesario para hacer posible esto al Instituto, se busca que, en caso de que el Instituto no pueda prestar el servicio por exceso de carga de trabajo pueda crear convenios de colaboración con instituciones, colegios de abogados, clínicas jurídicas de las instituciones educativas para que puedan auxiliarlos con asuntos”, añadió Decanini.
Las modificaciones a la Ley de Defensoría Pública fueron turnadas a la Comisión de Legislación para su estudio y dictamen correspondiente.