Las víctimas de los delitos sexuales, contra la libertad, violencia familiar, corrupción de menores y feminicidios tienen rostro de mujeres y niñas; violencias estructurales que no se pueden atender y castigar si no existen la voluntad ni los presupuestos necesarios de los gobiernos locales, en Nuevo León.

En el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, de acuerdo con datos proporcionados a Cómo Vamos Nuevo León por la Fiscalía General de Justicia, a partir de denuncias recibidas entre enero de 2015 a mayo de 2020, se registraron 99 mil 761 víctimas de violencia familiar en la entidad, el 81.3% de ellas fueron mujeres y niñas. De ellas, 62% de las víctimas son mujeres entre 21 y 40 años.

Tan solo en 2020, la Fiscalía General de Nuevo León recibió 17 mil 940 denuncias por el delito de violencia familiar. Es el delito más denunciado en Nuevo León, lo que evidencia que la violencia no está sólo en las calles, sino en casa, donde una persona debiera sentirse segura. A pesar de estas denuncias formalizadas, sólo el 15% fueron vinculadas a proceso, y 300 carpetas de investigación concluyeron con una sentencia condenatoria, apenas 1.6% de los casos denunciados en el año. Como se puede ver, es un delito que afecta a muchas mujeres y niñas de Nuevo León, pero aún así prevalece la impunidad.

Cuando no se atienden las situaciones de violencia familiar que escalan, terminamos con consecuencias dramáticas. De enero a diciembre 2020, se registraron 67 víctimas de feminicidio en Nuevo León, de los cuales 7 fueron niñas entre los 0 a 5 años. Este delito ha colocado al estado como el quinto lugar nacional con más casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Muchas de estas mujeres asesinadas eran madres que dejan atrás huérfanos.

En el contexto de la pandemia que se ha vivido en el último año, la violencia contras las mujeres se ha reconfigurado, poniendo en evidencia la urgencia de atender este problema con una visión integral, transversal, y con colaboración interinstitucional. Si este es el principal problema de violencia que enfrenta nuestro estado, es incomprensible, incluso irresponsable, que para este año 2021 se haya dejado de etiquetar recursos destinados a la atención de las víctimas, destaca el Consejo Cïvico.

“Sería lamentable que las instancias de gobierno, en vez de incrementar los fondos públicos destinados a proyectos tan valiosos como las Puertas Violetas o las áreas de prevención de la violencia en los municipios, redujeran los presupuestos que se les han asignado”, apuntó.

“Desde el Consejo Cívico urgimos a fortalecer la colaboración multisectorial para la atención y prevención de la violencia con perspectiva de género: la ciudadanía, el gobierno, la iniciativa privada, la academia y las organizaciones de la sociedad civil debemos asumir el reto social impostergable de construir una sociedad pacífica y justa, en la cual las mujeres puedan alcanzar su pleno desarrollo sin temer por su vida o la de sus hijos”, señaló.