Ante las denuncias de violencia psicológica, falta de seguridad y acoso laboral que sufren los médicos que realizan su servicio social o su residencia en los hospitales públicos o privados de la localidad, el Grupo Legislativo del PRI vía la Diputada Alejandra García solicitó la intervención del Secretario de Salud y a las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, que adopten las medidas necesarias para prevenir y en su caso sancionar estos casos.
En el apartado de Asuntos en lo General, la legisladora local del PRI también solicitó que las Instituciones de Educación Superior del Estado, que oferten las carreras de Medicina, tomen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de violencia en contra de las y los estudiantes, pasantes y residentes de la carrera de medicina que se encuentren realizando su servicio social o residencia médica, preservando en todo momento sus derechos humanos.
“Es necesario que sus demandas sean escuchadas y que se garantice protección y seguridad en los centros de salud donde son enviados a realizar su servicio social y residencia médica, así como a trabajar con horarios dignos, pues en algunos casos trabajan las 24 horas del día, con un bajo salario”, manifestó la Diputada local priísta.
“Nos unimos a sus exigencias y exhortamos a las autoridades competentes para que esto no sea tolerado, ni en los centros de formación, ni en los nosocomios públicos y privados, ya que cualquier tipo de violencia debe parar, y no solo ello, sino mejorar las condiciones de sus estudiantes, pasantes y titulados residentes”, añadió.
La Diputada Alejandra García también exhortó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que en coordinación con las instituciones de salud del estado, así como con las Instituciones de educación superior que oferten la carrera de medicina en el estado, generen protocolos para que los estudiantes de medicina, pasantes y médicos titulados, que se encuentran realizando su servicio social o residencia médica en hospitales y clínicas, no sean objeto de violencia y se prevenga cualquier posible vulneración a sus derechos humanos.
“El derecho a la salud exige hacer realidad el derecho de las y los médicos a un ambiente libre de violencia, en donde se les brinden oportunidades en las mejores condiciones de seguridad y protección de sus derechos laborales”, manifestó.
“Cabe señalar que a los médicos pasantes que realizan su servicio social, solo se les brinda un apoyo económico que va entre los 2 mil y 3 mil pesos al mes, al igual que a los médicos residentes quienes ya están titulados, pero que se encuentran realizando una especialidad, a los cuales se les otorga un apoyo aproximado de 10 mil pesos mensuales y sin ninguna prestación laboral”, agregó.
García lamentó que el personal médico, en proceso de titulación y en la continuidad de sus estudios, se encuentran en la primera línea de batalla ante el COVID-19 y sean utilizados muchas de las veces como “carne de cañón”.