Con el propósito de impulsar una reforma migratoria, la diputada María Guadalupe Rodríguez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a que agende y lleve a cabo un proceso de reforma en materia migratoria, la cual fortalezca la relación binacional entre nuestros pueblos y sus gobiernos.
“En los Estados Unidos de Norteamérica viven y trabajan 38 millones de mexicanos, once millones de ellos en situación de indocumentados. La mayoría se han ido obligados por la necesidad, expulsados de su propia patria por el estancamiento de nuestra economía durante más de medio siglo, por la falta de inversión productiva en regiones enteras, por el abandono y marginación del campo, por la privatización y cierre de grandes, medianas y pequeñas empresas, así como por nuestros problemas estructurales de desigualdad, miseria, desempleo, corrupción y violencia, que expulsan a cerca de 600 mil migrantes mexicanos cada año a Estados Unidos”, afirmó la legisladora.
“Nuestros paisanos dejan terruño y familia arriesgando sus vidas para perseguir los sueños de desarrollarse y superarse en ambientes de oportunidades económicas, pero hostil por las situaciones de sobreexplotación y discriminación, así como de persecución y deportación”, agregó la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo..
La diputada Rodríguez Martínez, dijo que es oportuno que México impulse su propia reforma y será posible, gracias a la nueva política de cooperación y entendimiento del presidente norteamericano Joe Biden.
Entre los puntos que destacan se contempla la creación de la figura del ‘Diputado Migrante’ en las legislaturas estatales y en el Congreso de la Unión para la representación de las y los migrantes; la creación de la figura de ‘Consejero Migrante’ en el Instituto Nacional Electoral, así como mecanismos permanentes de participación cívica; credencialización y voto desde el extranjero; Nuevas políticas de seguridad en las fronteras mediante controles inteligentes y tecnologías para combatir el crimen organizado.
Asimismo la atención a migrantes deportados a través de programas que garanticen la reintegración social, económica y cultural, la educación y la salud; Incrementar los centros de refugio para migrantes mientras se procesan sus visas de trabajo o solicitudes de protección y de asilo, además de mecanismos financieros para la inversión de las remesas y presupuesto público para programas que ayuden a los migrantes y sus familias.
Además de mecanismos de coordinación para proteger y asistir a menores de edad no acompañados, a mujeres embarazadas y a personas con discapacidad; crear una red de educación binacional respaldada con herramientas tecnológicas, así como la generación de oportunidades de empleo y programas de capacitación laboral.