La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió medidas precautorias urgentes, dirigidas al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, a efecto de que el personal administrativo de los tres Centros Penitenciarios que resultaron positivos en la prueba del COVID-19, sean oportunamente atendidos médicamente y evitar la propagación entre el resto del personal que trabaja en dichos penales, así como entre las personas privadas de la libertad.
Lo anterior, luego de darse a conocer que existe un brote de dicha enfermedad en 42 personas que laboran en penales de Nuevo León, 26 en Cadereyta, 13 en Apodaca y 3 en Escobedo.
Como parte de las medidas, este Organismo solicitó se elabore un diagnóstico en la dependencia para que se determine la línea que originó la propagación del virus y que se realicen las pruebas pertinentes para detectar posibles contagios entre el resto del personal administrativo y población penitenciaria en el Estado, la cual asciende a más de 7,500 personas privadas de la libertad, siendo un grupo altamente vulnerable.
La CEDHNL dará puntual seguimiento a este caso y exhorta a la autoridad a reforzar el protocolo de medidas preventivas frente a la pandemia, así como a prever los insumos médicos y hospitalarios que pudiesen requerir, ante un eventual brote en la población privada de la libertad.