En Nuevo León existe una omisión legislativa grave que afecta el combate a la corrupción y protege de una sanción a los malos servidores públicos.

Así lo denunció la diputada Mariela Saldívar y añadió que el problema radica en la falta de armonización de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado.

Por ejemplo, explicó que a nivel federal se castiga con mayor alcance conductas como nepotismo, peculado o cohecho, contrario a lo que sucede a nivel local.

Por esta razón, la legisladora presentó hoy dos iniciativas de Reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas en la Oficialía de Partes del Congreso.

“A nivel nacional se ha avanzado mucho en legislar para sancionar malas conductas de los servidores públicos, pero aquí en Nuevo León no sucede así.

“No se han armonizado ciertas conductas que a nivel nacional son consideradas graves, que ya se sancionan y que en Nuevo León se han omitido”, indicó Saldívar.

La primera de las dos iniciativas versa sobre el catálogo de faltas graves.

Por ejemplo, la propuesta sugiere que se considere como peculado cuando un funcionario utilice escoltas con cargo al erario, pero su puesto no lo amerite.

Aunque a nivel federal esto ya es motivo de sanción, en Nuevo León no es así.

También se proponer calificar como desvío de recursos el otorgar remuneraciones, pensiones o liquidaciones fuera del marco legal como el caso de la broncosuegra.

Y agrega el nepotismo al catálogo de faltas graves, el cual hoy no está incluido.

SON FUNCIONARIOS RECIBAN O NO REMUNERACIÓN

La segunda iniciativa presentada por la diputada Mariela Saldívar busca considerar como funcionario a cualquier persona que tome una decisión como autoridad.

Esto es visto así en el artículo 108 de la Constitución Mexicana y en el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero no en la Ley local.

“Se debe reconocer como funcionario a cualquier persona que tiene un cargo o comisión, remunerada o no, de tiempo parcial o completo en un ente público.

“Cualquier persona que tome una decisión como autoridad, que tenga una consecuencia, es un servidor público”, sentenció Saldívar en diálogo con la prensa.

Esta modificación a la Ley permitiría que los integrantes de Consejos Consultivos, Juntas de Gobierno y Comités puedan ser sancionados por la vía administrativa.

Actualmente la Ley local establece que para considerar a alguien como servidor público debe recibir una remuneración que sea con cargo al erario público.