La bancada del PRI en la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Decreto donde se cataloga como delincuentes a los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones fiscales.
La postura fue presentada en tribuna por el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal al refutar la propuesta de Morena porque pone al mismo nivel de la delincuencia organizada a los contribuyentes e inversionistas.
También presentó una reserva sobre la Fracción VIII del Artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que su redacción quede así: “Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105, cuando les correspondan las acciones previstas en las fracciones II y III del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación”, toda vez que si no se clarifica todos los contribuyentes podrían caer en ese supuesto.
Con respecto al dictamen, dijo que es un texto carente de certidumbre jurídica porque, por un lado, pretende imponer mayores sanciones para quienes cometan el delito de defraudación fiscal, cuya esencia es engañar o aprovecharse de los errores o lagunas jurídicas para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución; y que por otra parte, aborda temas de los mecanismos de alternativas de solución de controversias.
“Me refiero a que contempla excepciones a delitos que no tienen ninguna relación con el tema que hoy nos ocupa, para desincentivar la compra-venta, enajenación y expedición de facturas apócrifas, y a la vez, propone agregar que no sean sujetos de acuerdo reparatorio quienes cometan los delitos de genocidio, violación y homicidio. Esta excepción a la que se está agregando la modificación a los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay razón de que se explique”.
Agregó que en el grupo parlamentario del PRI están a favor de dotar a la autoridad recaudatoria de herramientas eficaces para perseguir y castigar a los verdaderos evasores fiscales pero que las reformas que propone el Senado a través de esta minuta, están muy lejos de ser útiles para mejorar la recaudación.
Aseguró que es una reforma que es desproporcionada y que atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, e instruye la prisión preventiva oficiosa al mismo nivel que el secuestro o la delincuencia organizada.
“En el dictamen que está a nuestra consideración, no existe un argumento a favor de la protección del contribuyente, por el contrario, se pone en el supuesto de delincuente a todo contribuyente, tratando de disuadir la conducta de evasión o elusión fiscal con una pena que es a vista de todos, desproporcionada”.
Por último, recordó que esta reforma se sumará a la miscelánea fiscal que hará pagar más a los usuarios de servicios digitales, a las y los comerciantes en pequeño, que buscan obtener mayores ganancias a través de la venta por catálogo, entre otros sectores que serán afectados, además de que pagarán más los productores del campo, los ahorradores y los arrendatarios.