Los cambios en el modelo de justicia atraen más inversión, incentivan la economía y generan oportunidades de empleo.
Contar con un sistema penal rápido, eficiente y transparente da confianza a los inversionistas y empresarios para desarrollar sus negocios en la Entidad.
En rueda de prensa, Edgar Márquez Alfaro, director general de la Comisión Ejecutiva para la reforma al Sistema de Justicia Penal, manifestó que el NSJP garantiza certeza legal entre las relaciones comerciales y disminuye la impunidad.
“Esta nueva forma de hacer justicia lo que hace es reducir los espacios de opacidad que se puedan generar en un espacio como era el sistema tradicional”, explicó el funcionario.
“Lo que va generar va ser más confianza en los empresarios, pequeños, medianos en la impartición de justicia, para asegurar que los grandes empresarios o las pymes puedan sentir sus inversiones más seguras”, recalcó Márquez Alfaro.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace A.B.P, manifestó que el SIJUPE cumple con la demanda social de combatir la impunidad.
“Lo que pretendemos con este nuevo sistema es que, quien vaya a la justicia, quien esté sufriendo un proceso penal sepa específicamente cuáles son sus derechos, a que debe atenerse”, detalló.
La promoción de la justicia alternativa, hace más ágil la solución de conflictos y garantiza a las pequeñas y medianas empresas la reparación del delito sin que este quede impune.
También trae beneficios como la disminución de gastos en los procesos penales, fomenta la cultura de paz y diálogo y asegura la reparación del daño.
“El 60 por ciento de los delitos son menores pueden ser procesados por soluciones alternas y pueden resolverse en una semana, donde se garantice el reparo de daño a la víctima y es transparente esto le da mucha certeza a los inversionistas”, agregó Sánchez Bocanegra.
“La sociedad y los alcaldes deben entender que esas soluciones son mejor para la sociedad y que no es una impunidad sino que son sanciones diferentes”.
En cuanto a costos y tiempos, un proceso bajo el sistema de justicia tradicional tardaba hasta 180 días en resolverse con un costo aproximado de 15 mil 200 pesos. Con el nuevo modelo, la resolución tarda un promedio de 96 días y 30 si se opta por una solución alternativa. El costo total del proceso disminuye a mil 500 pesos.
Según datos proporcionados por Renace A.B.P, en México; el 40 por ciento de la población carcelaria es por prisión preventiva, la mayoría por delitos menores.
Nuevo León tiene un 25 por ciento de reclusos bajo esta medida cautelar, es decir aproximadamente 2 mil 500 internos que provienen del viejo sistema penal.
